By Julián Cañete, President & CEO, California Hispanic Chambers of Commerce
La Prensa Hispana
November 13, 2024
California businesses are not just storefronts; they are the heartbeat of our communities, the places where families gather, and the foundation of our shared economic future. Public safety directly impacts our ability to thrive economically and socially.
When businesses are secure, employees work confidently, and customers feel safe accessing the services they need.
Growing up in a diverse and vibrant neighborhood, I learned firsthand the significance of feeling safe in your own community. I fondly remember walking to school, playing outside until dusk, and being part of a close-knit community. These memories are precious, but they also serve as a reminder of what is at stake when public safety falters.
In recent years, many of our neighborhoods have faced challenges that threaten this sense of security. Rising crime rates and incidents of violence have left residents and business owners on edge, knowing the fabric of our communities are at risk. It is clear we need proactive, preventative measures to ensure that every resident can thrive without fear. Public safety isn’t just about law enforcement; it’s about creating safe spaces, expanding access to behavioral health resources, and creating economic opportunities that uplift us all. Achieving public safety requires collaboration among community members, stakeholders, policymakers, and law enforcement.
Fortunately, champions in the Legislature understand the need to pass commonsense measures that support both public safety and economic stability. AB 2371, a bipartisan bill authored by Assemblymembers Juan Carrillo (D-Palmdale) and Heath Flora (R-Ripon), and signed by Governor Newsom, addresses the growing issue of commercial property crime by streamlining permitting processes for business owners to install proven security measures.
The new law is already making a difference. Nearly 300 businesses in the state have been greenlit to install prevention tools, such as electrified security fences, which provide an immediate and effective deterrent against commercial property crimes. AB 2371 has empowered business owners to take direct action to safeguard their employees, assets, and livelihoods. This law is not just a win for the business community – it’s a victory for all Californians who depend on thriving local businesses to support our economy. Assemblymembers Carrillo and Flora, and their legislative colleagues, have demonstrated that by putting politics aside, we can focus on what matters most: the safety and security of our communities.
The recent passage of Proposition 36 marks another critical step forward in our efforts to improve safety throughout the state. The measure provides real accountability for repeat offenders while also offering meaningful treatment opportunities for individuals with behavioral health and substance use challenges. We’re encouraged that an overwhelming majority of Californians agree on the need to prevent serious crimes, including retail theft, while also supporting increased resources for intervention, rehabilitation, and accountability.
For the Hispanic business community, these types of public safety measures are essential. Our community often faces a disproportionate impact from crime, and many of our small business owners operate in areas where crime looms large. Fortunately, both AB 2371 and Prop 36 will improve public safety and empower our communities to focus on what truly matters: building a thriving business ecosystem for Hispanic entrepreneurs, serving customers, and strengthening our local economy.
However, we cannot become complicit. California leadership must continue to address the safety needs of our businesses and communities to keep them strong and resilient. And, from the statewide level down to the local level, public safety must remain at the forefront of our conversations and actions to ensure that every person, regardless of their background, feels safe in our neighborhoods.
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La seguridad pública como base para el crecimiento económico
Los negocios en California no son solo fachadas; son el corazón de nuestras comunidades, los lugares donde las familias se reúnen y la base de nuestro futuro económico compartido. La seguridad publica impacta directamente en nuestra capacidad para prosperar tanto económica como socialmente.
Cuando los negocios están seguros, los empleados trabajan con confianza y los clientes se sienten tranquilos al acceder a los servicios que necesitan.
Al crecer en un vecindario diverso y vibrante, aprendí de primera mana la importancia de sentirte seguro en tu propia comunidad. Recuerdo con cariño caminar a la escuela, jugar afuera hasta el anochecer y ser parte de una comunidad unida. Estos recuerdos son valiosos, pero también sirven como un recordatoria de lo está en juego cuando la seguridad pública falla.
En los últimos años, muchos de nuestros vecindarios han enfrentado desafíos que amenazan esta sensación de seguridad. El aumento de los índices de criminalidad y los incidentes de violencia han dejado a los residentes y propietarios de negocios intranquilos, sabiendo que el tejido de nuestras comunidades está en riesgo. Está claro que necesitamos medidas proactivas y preventivas para garantizar que cada residente puede prosperar sin miedo. La seguridad pública no se trata solo de la aplicación de la ley; se trata de crear espacios seguros, ampliar el acceso a recursos de salud conductual y crear oportunidades económicas que nos beneficien a todos. Lograr la seguridad publica requiere colaboración entre los miembros de la comunidad, las partes interesadas, los legisladores y las fuerzas policiales.
Afortunadamente, defensores en la Legislatura entienden la necesidad de aprobar medidas de sentido común que apoyen tanto la seguridad pública como la estabilidad económica. AB 2371, un proyecto de ley bipartidista presentado por los asambleístas Juan Carrillo (D-Palmdale) y Heath Flora (R-Ripon), y firmado por el gobernador Newsom, aborda el creciente problema de los delitos contra la propiedad comercial al agilizar los procesos de permisos para que los propietarios de negocios instalen medidas de seguridad comprobadas.
La nueva ley ya está marcando una diferencia. Casi 300 negocios en el estado han recibido aprobación para instalar herramientas de prevención, como cercas de seguridad electrificadas, que proporcionan de un disuasivo inmediato y efectivo contra los delitos contra la propiedad comercial. AB 2371 ha empoderado a los propietarios de negocios tomar medidas directas para proteger a sus empleados, activos, y medios de vida. Esta ley no solo es una victoria para la comunidad empresarial; es un triunfo para todos los Californianos que dependen de los negocios locales prósperos para sustentar nuestra economía. Los asambleístas Carrillo y Flora, y sus colegas legislativos, han demostrado que, al dejar a un lado la política, podemos enfocarnos en lo que más importa: la seguridad y protección de nuestras comunidades.
La reciente aprobación de la Proposición 36 marca otro paso crucial en nuestros esfuerzos por mejorar la seguridad en todo el estado. La medida proporciona una verdadera responsabilidad para los reincidentes, al mismo tiempo que ofrece oportunidades significativas de tratamiento para personas con desafíos de salud conductual y uso de sustancias. Nos alienta que una abrumadora mayoría de californianos esté de acuerdo en la necesidad de prevenir delitos graves, incluido el robo minorista, y también apoye el aumento de recursos para la intervención, la rehabilitación y rendición de cuentas.
Para la comunidad empresarial hispana, este tipo de medidas de seguridad publica son esenciales. Nuestra comunidad a menudo enfrenta un impacto desproporcionado por la delincuencia, y muchos de nuestros negocios pequeños operan en áreas donde la criminalidad es elevada. Afortunadamente, tanto la AB 2371 como la Proposición 36 mejorarán la seguridad pública y empoderarán a nuestras comunidades para que se concentren en lo que realmente importa: construir un ecosistema empresarial próspero para los empresarios hispanos, servir a los clientes y fortalecer nuestra economía local.
Sin embargo, no podemos volvernos cómplices. El liderazgo de California debe seguir abordando las necesidades de seguridad de nuestros negocios y comunidades para mantenerlas fuertes y resilientes. Desde el nivel estatal hasta el nivel local, la seguridad pública debe permanecer al frente de nuestras conversaciones y acciones para asegurar que cada persona, independiente de su origen, se sienta segura en nuestros vecindarios.